Una de las reformas que el gobierno de Sebastián Piñera anunció durante el año es la laboral. Así el Ejecutivo tiene definidos los contenidos del proyecto con cuatro ejes centrales. El primer tema a abordar será las modificaciones a los servicios mínimos, ya que existe un juicio crítico a su funcionamiento por parte del grupo de expertos ligados al mundo empresarial que fueron consultados. Según informó La Tercera, de acuerdo a fuentes que conocen este proceso, la propuesta del gobierno incluiría mejorar las adecuaciones necesarias (reemplazo interno) y de esa manera asegurar el funcionamiento de una empresa con trabajadores en huelga. En el artículo 403 se explicita que el empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá modificar los turnos y horarios de trabajo y efectuar las adecuaciones necesarias para que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo. Este último punto es el que los expertos piden precisar, ya que estas adecuaciones necesarias en la práctica podrían ser reemplazo en huelga, por lo que entre las sugerencias está especificar los sectores en dónde se pueden generar estas adecuaciones necesarias, y cuáles serían. La indemnización por años de servicios es otro aspecto que los empresarios ven como urgente modificar y el gobierno apunta a crear un sistema alternativo a todo evento, pero con un tope que iría de 4 a 6 años. Este nuevo sistema regiría para los contratos nuevos, manteniendo el actual régimen del pago de un mes por año con un tope de once años para los contratos antiguos. Según La Tercera, los otros ejes del proyecto que estarían dentro del proyecto de ley serían mecanismos de flexibilidad o adaptabilidad laboral, con el objetivo de poder adecuar las jornadas por hora, manteniendo la obligación de cumplir 45 horas semanales, lo que quedaría contemplado en los contratos individuales de los trabajadores, previo acuerdo con el empleador. También se pretenderá regular a través de la Reforma los alcances de los grupos negociadores. En el gobierno afirman es necesario que queden regulados expresamente en la ley.